En ocasiones podríamos pensar que la religión y la política son asuntos diametralmente opuestos, dado que el imaginario colectivo asume que a una le concierne la espiritualidad y el alma del ser humano de manera integral y la otra, es proclive a las cuestiones netamente terrenales, siendo que esta idea se ajusta al quehacer de nuestros representantes políticos, la ambición material y el desinterés de su profesión por un servicio social. Sin embargo, esto no es así, ambas coinciden en un punto, la estructura de la institución tanto eclesiástica como política depende del funcionamiento de una burocracia que implica jerarquías, así como también al interior de cada una, hay corrientes ideológicas que están en pugna por alcanzar ya sea el poder divino o el poder material, respectivamente. En estas últimas fechas la realidad ha demostrado que la religión católica y la política que se práctica en nuestro país guarda una relación casi perversa, desdibujándose así la línea entre lo espiritual y lo terrenal.
Sin duda Juan Pablo II representaba tres tipos de autoridad, la legal como Jefe de Estado que trae detrás toda una burocracia eclesial; la carismática que, en la obra de Max Weber el sentido del carisma depende más del grupo de seguidores que de las cualidades que pudiera tener un hombre, es decir, aquí los miles de fieles se guían por la fe y por el hecho de creer que el Papa es el Vicario de Cristo en la tierra, siendo así que su carisma se basa en la personalización de la divinidad, por ello no es de extrañarse que después del entierro los mismos fieles pidiesen la canonización de Karol Wojtyla y por último, encarnó una autoridad tradicional que consiste en la pretensión de la misma persona por refrendar esta autoridad por diversos medios, en este caso el Papa se vio favorecido con la creencia por parte de los feligreses de que existen virtudes en la santidad de las normas, esto fue muy claro al utilizar los medios de comunicación y realizar los viajes para ratificar al catolicismo en otros países, estar en contacto con los fieles confirmando su fe y al tanto de lo que ocurría en las diócesis o arquidiócesis de cada nación a la que visitaba.
La exaltación de estas formas de autoridad que caracterizaron a Juan Pablo II se enfatizaron aún más después de su muerte y fue, oportunamente aprovechada por las instituciones fácticas de nuestro país: las empresariales y las políticas. Precisamente el día 7 de abril que se realizó el juicio de procedencia en la Cámara de Diputados por el desafuero de Andrés Manuel López Obrador por el presunto desacato de una orden judicial, el Consejo Nacional de Comunicación auspiciado por el clero organizó para ese mismo día el recorrido del papamóvil de la Sede Apostólica a la Basílica de Guadalupe, una especie de veneración a un medio de transporte que rayó en el fanatismo y que la intención principal fue desviar la atención de un acontecimiento político que, más allá de estar de acuerdo o no con las propuestas políticas de López Obrador, demostró que el recinto del Congreso de la Unión está amordazado por el PRI y el PAN que, manipulando políticamente la legalidad, la justicia y el Estado de derecho, ambicionan implantar un sistema bipartidista en el que no existan otras opciones políticas, lo que significa la mutilación de la democracia a la que supuestamente habíamos accedido con el gobierno del cambio.
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